Migrantes y sin derechos

Las consecuencias de las políticas migratorias europeas han dado lugar a una crisis humanitaria sin precedentes, vivida por la población refugiada que trata de llegar a Europa. Nos ha mostrado la imagen de una Europa insensible, más preocupada por la seguridad y el control que por la protección de los Derechos Humanos de la población migrante y refugiada que trata de llegar a sus puertas.

La postura de Cáritas Internationalis ante la crisis de los migrantes y refugiados quedó expuesta en un documento el pasado mes de septiembre. Básicamente, se explica que la prioridad principal debe ser cubrir las necesidades esenciales de protección y respetar las leyes internacionales. El Papa Francisco dice claramente que todos los que piden refugio deben ser bienvenidos. Quien cruce una frontera por necesidad debe ser acogido sin excepción y sin criminalización.

Sin embargo, los países desarrollados siguen mirando a otro lado: intentan convencer a otros países a que se queden con los migrantes a cambio de dinero. Tienen miedo a ser invadidos. Pero la realidad es muy diferente: Turquía acoge a unos 3 millones de refugiados sirios. Pero Jordania, con 7 millones de población, en parte de origen palestino, acoge a unos 2,6 millones de sirios. Y Líbano, un país de unos 5 millones de habitantes, tiene cerca de 1,5 millones de refugiados. Y países tan pobres como Etiopía acoge unos 750.000 refugiados de países vecinos. Cerca del 90% de los refugiados en el mundo está acogido en países pobres, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

También se hace una distinción absurda, entre “refugiados”, los que huyen de las guerras, que serían acogidos con limitaciones (demasiadas, a nuestro entender) y otros migrantes, aunque provengan de países donde son perseguidos por sus ideas políticas o huyan del hambre. Estos serían los “sin derechos” de ninguna clase. Como decían hace poco, hay refugiados con estrella (a veces mala), y refugiados estrellados.

Y en España tampoco lo tenemos claro: o bien internamos a extranjeros en centros masificados (CIES) donde están encarcelados, pero sin juicio y sin que puedan exigir ningún derecho, y de los que Cáritas Española pide, directamente, que se cierren por su falta de todo tipo de garantías. O, si no, los devolvemos a países con los que se tienen este tipo de acuerdos. Y, desde luego, no cumplimos el compromiso de acoger a un número mínimo de refugiados.

Sabemos que se trata de un problema enorme y de difícil solución. Pero lo primero debe ser defender el derecho de toda persona a vivir con dignidad, para lo que es crucial que pueda disfrutar de la posibilidad de no tener que emigrar. Es imprescindible tratar las causas fundamentales de las migraciones, promover activamente el desarrollo de los países pobres y trabajar en pro de la paz de los países en conflicto.

Resulta sorprendente que, mientras los países europeos tienen una postura férrea de rechazo a los refugiados, hay encuestas entre la población que muestran una mayor apertura a estas situaciones e incluso que aceptarían acogerlos en sus casas. Y cada vez son más las voces que reclaman que debe existir una autoridad internacional que exija respetar los Derechos Humanos y las leyes internacionales sobre refugiados, por encima de las normativas de cada Estado. Cáritas reclama que exista un compromiso rápido para definir un Pacto Mundial para una migración segura, regular y ordenada, con un proceso claro, cronología e indicadores.

El mejor remedio contra el racismo y la xenofobia es tener políticas de integración para migrantes y refugiados que involucren a la sociedad civil receptora de los mismos. Y ahí pueden ayudar distintas organizaciones, incluidas las de inspiración religiosa.

No debemos mirar a otro lado ante esta situación tan trágica. Te invitamos en este 15 de enero, Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, a que sigas con atención las informaciones relativas a las crisis de refugiados y migrantes, y a que puedas comprometerte con aquellos que en la Iglesia y fuera de ella defienden los derechos de los refugiados y los empobrecidos a través de la denuncia, del acompañamiento o del servicio.