Sobre la vivienda en España

También es cierto que se venden más casas, sí, algo que algunos analistas atribuyen a la pequeña mejora del empleo (más en número de contratos que en calidad y retribución) y a la tan invocada «confianza de los consumidores». La vivienda de segunda mano es la que acapara el mayor volumen de transacciones, representa el 70%. Además, no puede olvidarse que la venta de obra nueva que ha aumentado sensiblemente es la destinada a un sector de compradores de clase media alta y alta, con elevados precios por metro cuadrado. En ese sentido, el precio medio de la vivienda dejó de caer, y volvió a subir progresivamente, desde 2013, si bien con grandes diferencias según zonas. En definitiva, la mejoría en el sector de la construcción se está traduciendo a menudo en subidas de precios, tanto de compra como de alquiler, que amenazan con seguir dejando fuera del derecho a una vivienda digna a buena parte de los más necesitados.

Por otro lado, si bien no se puede negar que las administraciones han materializado diferentes intentos de paliar la dramática situación de falta de acceso a vivienda digna para miles y miles de personas y familias, ellas mismas reconocen su falta de éxito. Las ayudas y subvenciones, así como los programas relacionados con las ejecuciones hipotecarias, han sido útiles, pero insuficientes y solo han dado respuesta a un pequeño porcentaje de afectados.
En consecuencia, la situación de la vivienda en España es tal que sigue sin garantizarse el derecho universal a poder habitar una digna, y necesita una solución profunda que implique a la sociedad en su conjunto y a sus gobernantes en concreto. Porque tan claro como es que hace falta una nueva legislación del sector, también resulta necesario un profundo cambio ético global.

Si la vivienda vuelve a considerarse socialmente como un atractivo elemento de inversión, antes que un derecho, y si retornamos a la senda de justificar éticamente el enriquecimiento rápido vendiendo inmuebles por mucho más dinero del que valen, o pidiendo alquileres abusivos con la excusa del mercado o «esto es lo que hay y yo no obligo a nadie», sería tanto como reconocer que no se ha entendido absolutamente nada de lo ocurrido en la última década.

El sector de la vivienda cayó, entre otras razones, por la ambición económica, desmedida y extendida de muchos, aprobada éticamente por buena parte de la sociedad y acompañada, además, de leyes injustas. Esto último puede tener solución rápida si hay voluntad política de acuerdo, tal y como reclaman numerosos colectivos, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que luchan por conseguir una nueva ley. Una legislación que ponga fin a esa terrible media de 166 desahucios al día, a los cortes inmisericordes e indiscriminados de agua, luz y gas, a las deudas de por vida contraídas con engaño; una ley que permita conseguir herramientas para ampliar el parque público de viviendas para alquiler social, movilizar eficazmente la vivienda vacía, medida en varios cientos de miles en nuestro país; una legislación que afronte con justicia y valentía la Dación en Pago Retroactiva y la eliminación y compensación por cláusulas abusivas. Se trata, también, de tomar medidas para ofertar alquileres asequibles y garantizar de forma regulada suministros básicos para, en definitiva, poner fin a la situación de emergencia habitacional de miles y miles de familias en nuestro país. Ahora bien, y sin ninguna duda, no habrá cambio legislativo eficaz si no existe también una sociedad concienciada.